El dengue es un recordatorio de que la salud pública es, ante todo,
un tema de derechos humanos y equidad territorial.
Salud en Casa.- La Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales (SPEIT) emite una alerta pública que trasciende lo sanitario para enfocarse en la justicia social. Aunque el Ministerio de Salud (MINSA) reporta una reducción del 86% en casos y del 79% en defunciones acumuladas por dengue en 2025 respecto al año anterior, las 52 muertes documentadas hasta la Semana Epidemiológica (SE) 43 no son fatalidades biológicas, sino la consecuencia directa del abandono estructural de las regiones más vulnerables del país.
El análisis de datos de la SE 43 demuestra que la crisis es un
problema de olvido geográfico. El departamento de San Martín concentra casi la
mitad de las defunciones nacionales, con 24 muertes, y lidera los casos
acumulados con 1,080. Esta desproporción en la mortalidad en San Martín, Loreto
y Amazonas demuestra que el vector del dengue (Aedes aegypti) se alimenta de la
desigualdad, prosperando en comunidades sin acceso a agua segura y saneamiento.
El Dr. Alexis Holguín, Presidente de la Sociedad Peruana de
Enfermedades Infecciosas y Tropicales (SPEIT) y especialista en enfermedades
infecciosas y tropicales (Universidad Científica del Sur y Pontificia
Universidad Católica de Chile), enfatiza la necesidad de un enfoque más allá
del manejo clínico: "La vacunación es una herramienta adicional que busca
disminuir los eventos severos y las hospitalizaciones".
Sin embargo, la prevención fundamental exige eliminar los criaderos,
lo cual es imposible cuando las familias deben almacenar agua por la falla en
el suministro básico. El problema del dengue es, por lo tanto, un problema de
inversión en infraestructura social.
Esta alerta transgeneracional subraya la vulnerabilidad de la
población. Aunque la estrategia de vacunación se aplica a niños y adolescentes
de 10 a 16 años en provincias seleccionadas de departamentos como Loreto,
Piura, Tumbes y Ucayali, el rezago en la cobertura es crítico. El éxito de
Coronel Portillo (Ucayali), que alcanzó el 100 % de su meta de vacunación,
contrasta con provincias que se estancan en el 64.36% y 66.37%.
Este contraste es una evidencia de la gestión desigual en la
ejecución de la política de salud, afectando la protección de los más jóvenes.
La SPEIT, cuyo presidente ha participado en seminarios sobre coberturas e
innovación de vacunas, demanda una respuesta política que aborde la raíz del
problema.
El análisis de los datos revela que el dengue no es solo un fenómeno
climático, sino un problema de justicia social. Las muertes y los casos se
concentran de manera desproporcionada en regiones con limitado acceso a
servicios básicos y saneamiento, cruzando la geografía con la exclusión social.
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El Dr. Alexis Holguín, Médico especialista en enfermedades
infecciosas y tropicales, y Presidente de la SPEIT, lo enfatiza: "Las
muertes ocurren donde las poblaciones son más vulnerables. Debemos pasar de la
cobertura sanitaria a la cobertura humana".
La prevención del dengue debe entenderse como un acto de protección
transgeneracional y un ejercicio de responsabilidad colectiva. Los adultos
mayores y los niños son los más afectados por la severidad del virus, lo que
obliga a las familias a un compromiso de prevención que debe pasar de abuelos a
nietos, educando a todos los miembros del hogar sobre la eliminación de
criaderos de mosquitos.
Además, se debe reconocer y apoyar el rol esencial, y a menudo
invisibilizado, que tienen las mujeres en los hogares, quienes frecuentemente
asumen la principal carga del cuidado, la vigilancia y la prevención
comunitaria.
La SPEIT insta a las autoridades nacionales y locales a una acción
coordinada e intersectorial. El llamado se centra en tres pilares: 1) Priorizar
la inversión no solo en medicamentos y vacunas, sino en saneamiento básico e
infraestructura de agua en las regiones más golpeadas, como una medida
estructural de prevención. 2) Desarrollar campañas de salud pública que sean
focalizadas y sensibles, adaptadas a las realidades culturales, lingüísticas y
geográficas de cada comunidad. 3) Reforzar la capacitación del personal
sanitario para el diagnóstico temprano y manejo clínico oportuno del dengue
grave, asegurando que ningún caso progrese innecesariamente a una fatalidad
prevenible.
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