martes, 12 de noviembre de 2013

Alejandro ArteagaRedacción
 
Diario La Primera.- Pacientes olvidados por sus familiares en los hospitales, locos que deambulan en las calles y seguros que no cubren los gastos que demandan su atención, es el triste panorama de la salud mental que sigue siendo el convidado de piedra en los programas de salud pública y privada.
Unos cien mil afectados por enfermedades mentales como la esquizofrenia registra Lima en la actualidad debido al abandono a que ha sido sometido este problema por parte de diversos gobiernos en el país, a la vez que los pocos hospitales de salud mental se convierten prácticamente en hoteles de este grupo de pacientes.

El doctor Víctor Alcázar, jefe del Departamento de Siquiatría del hospital Hermilio Valdizán, lamentó que esta situación siga empeorando a pesar de los informes hechos por diversas instituciones, pero señaló que su solución no pasa solamente por construir más hospitales, sino por una serie de factores externos.

El especialista indicó que uno de los principales factores a tener en cuenta es el genético, que tiene que ver con la trasmisión genético-hereditaria que durante el crecimiento del menor generan síntomas que no son tratados a tiempo. A esto hay que sumarle el factor social como la pobreza o la convivencia con familias disfuncionales y el acceso a los servicios de salud. “Como no hay suficientes médicos, sobre todo en provincias, no se trata a tiempo a los pacientes desde sus inicios. La pobreza hace que este grupo de pacientes no se atienda a tiempo”, afirmó Alcázar.

Para mal de males, el número de médicos siquiatras llega a mil quinientos especialistas a nivel nacional, que resulta más que insuficiente para atender a una demanda tan alta.

Por ejemplo, en el Hermilio Valdizan se atiende solo en el servicio de Emergencia, por año, a 3 mil pacientes y en los consultorios a un promedio de 8 mil. Además, este nosocomio cuenta con 60 pacientes internados, 25 de los cuales están en completo estado de abandono, no cuentan con identificación ni con familiares que los atiendan. El resto llegó al hospital por orden de un juez. Incluso la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú encontró a algunos desaparecidos en este hospital después de varios años de búsqueda.
 
INFORMALIDAD Y MUERTE Según la Defensoría del Pueblo, de los poco más de 300 centros de rehabilitación mental en el país, solo el 20% es formal, lo que ha generado más de treinta muertos el año pasado en supuestos centros de rehabilitación que eran cárceles y lugares de consumo de drogas sin control alguno.

La investigación, que incluyó la supervisión de 19 establecimientos de salud ubicados en 15 regiones del país, revela que solo el 8% del total de los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) brinda hospitalización por problemas de salud mental y que el 82% de los psiquiatras nombrados y contratados ejerce su profesión en Lima y Callao.

Según la Defensoría, los establecimientos de salud de Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios, Pasco, Tumbes y Ucayali no cuentan con médicos psiquiatras, a pesar de que en cinco de estos departamentos se encuentran las zonas más pobres y afectadas por la violencia política que remeció al país entre 1980 y el 2000.

La Defensoría del Pueblo, en un informe del año pasado, abogó por la aprobación de una ley que regule, entre otros aspectos, el internamiento de personas con trastornos mentales en los establecimientos de salud y que establezca un órgano de revisión periódica de los internamientos involuntarios, pero todo quedó en un mero intento.

Del mismo modo, recomendó al Ministerio de Salud fortalecer el rol de la Dirección de Salud Mental y asignar mayores recursos económicos y humanos. Asimismo, se le sugiere impulsar la reestructuración de los hospitales generales, a fin de garantizar la atención especializada en salud mental. A los Gobiernos Regionales los invocó a implementar en sus planes y políticas de salud el componente de salud mental, y que asignen recursos suficientes para la implementación del Plan Nacional de Salud Mental. Además, se les sugirió establecer una política de incentivos para aumentar el número de psiquiatras en las regiones.

El informe de la Defensoría fue elaborado tras la supervisión de los establecimientos de salud ubicados en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Tacna.
 
PACIENTES SIN CAMAS

Víctor Alcázar criticó la forma de actuar de las autoridades de algunos hospitales del país, ya que según una disposición del Ministerio de Salud (MINSA), el 5% de las camas debe ser destinado a atender a pacientes con trastornos mentales pero en la práctica no se cumple.

Esto es originado por una mal enfoque de lo que es este problema por parte de algunas autoridades y por las decisiones de los gobiernos que anuncian las construcciones de nosocomios pero sin que exista el área de siquiatría. Señaló, por ejemplo, que hace unos tres años el hospital de Ica fue reconstruido después del devastador terremoto del 2007. En el anterior hospital había un área debidamente equipada para atenciones en salud mental con 20 camas para internar pacientes pero el nuevo local dejó de lado estas atenciones y optó por otro servicio. Los pacientes de Ica y poblados cercanos deberán venir a Lima para su atención.

“Los hospitales Santa Rosa, Arzobispo Loayza, San José del Callao, tienen áreas para este tipo de atenciones pero solo los reciben para las consultas. Cuando deben ser internados, afirman que no hay camas”, revela Alcázar.

Pero este olvido no es solo de parte de instituciones públicas. Las clínicas y aseguradoras privadas no brindan ni reconocen la salud mental dentro de sus `programas. De tal manera que cuando los usuarios de los servicios privados tienen necesidad de recurrir a la atención profesional y o de farmacia tienen que sufragarlos por su cuenta y riesgo y a precios prohibitivos.



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