Diario La República.- Esto no se trata únicamente de números, se trata de una de las experiencias más traumáticas que le ocurren, en promedio, a nueve menores peruanos cada día, con una serie de secuelas difíciles de superar.
Los números lo dicen: de enero a mayo se han registrado 1,327 violaciones sexuales en todo el país.
De ese número, más del 90% de casos ocurrieron contra niñas y adolescentes mujeres. Fueron 265 los casos registrados en enero, 262 en febrero, 297 en marzo, 247 en abril y 256 en mayo.
Los agresores atacaron en su mayoría a menores entre 0 y 17 años; esto se concluye debido a los 946 casos que llegó a sumar este grupo etario.
Le siguen los 362 casos contra personas entre 18 y 59 años, y los 19 casos contra personas de 60 años a más.
Los últimos reportes del Programa contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), así lo confirman.
"Lamentablemente hay un subregistro considerable, porque estas cifras corresponden únicamente a los casos que llegan a ser denunciados en los diversos Centros de Emergencia Mujer (CEM) que existen en el país", sostiene Lourdes Sevilla, directora del programa antes mencionado.
Factores como el miedo, el desconocimiento, e incluso el silencio cómplice de los familiares que muchas veces prefieren mantener en reserva la agresión, juegan en contra de todo lo que se puede hacer a tiempo, ya sea por un niño, una niña, un adolescente o un adulto, que requiere ayuda.
El 2014 cerró con la lamentable cifra de 3,149 violaciones, en que los más afectados fueron, de igual manera, los menores entre 12 y 17 años, con un 46% de casos, seguido del grupo de 6 a 11 años con 26%, además del de 18 a 25 años con 11% de los casos, y un 6% para el grupo de 0 a 5 años.
"Buscamos el aumento del castigo para las personas que explotan y abusan sexualmente de un menor. Actualmente la pena máxima es de solo 12 años, lo cual es mínimo. Estamos buscando la reforma del Código Penal para que sea más severo", sostiene Fernando Bolaños, viceministro de Poblaciones Vulnerables del MIMP.
Es cierto, las sanciones requieren ser más duras, sobre todo porque las cifras se disparan si de hablar de violencia sexual se trata.
Este aspecto reúne todos los delitos afines a los de carácter sexual. A mayo del 2015 son 2,474 los casos de violencia sexual y el año pasado cerró con 5,727 casos.
"Creemos que el órgano judicial debe respaldar las acciones que a nivel de ministerio hacemos en materia de prevención y atención de casos", agrega Lourdes Sevilla.
Ante la acción de los agresores, la generación de sanciones pareciera caminar a paso muy lento y en otra dirección.
Para tener una idea, desde enero del 2013 el proyecto de ley Nº 944/2011, que modifica el texto único ordenado de la Ley Nº 26260 y el Código de Niños y Adolescentes contra la violencia hacia la mujer y el grupo familiar, se encuentra en agenda en el Congreso pero hasta el momento su debate continúa pendiente.
ENFOQUE
Diana Portal
Representante de la Defensoría del Pueblo.
"Se sigue cuestionando el comportamiento"
Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que, si la respuesta del Estado es que frente a esta problemática no se establece justicia, el mensaje social que se instala en la población es que esto puede ocurrir en el país sin que nadie diga nada.
En el sistema de justicia hemos evidenciado que uno de los aspectos más problemáticos al acceso propiamente de justicia para mujeres es la evaluación del propio testimonio. Se cuestiona el comportamiento de las víctimas al momento de realizar las entrevistas como, por ejemplo: con quién estaba, qué tipo de vestimenta portaba, si fue a una fiesta, entre otras interrogantes que resultan inapropiadas. El hecho mismo de violencia es independiente de las características que se juzgan en el comportamiento de las niñas y adolescentes.
La calidad de los operadores de justicia también es importante mejorar. Existe la necesidad de capacitar más y mejor a los policías, jueces y fiscales en la perspectiva de género.
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