miércoles, 26 de octubre de 2016



Indecopi multó con 2.274,46 UIT, ascendente a S/8’984.117, a Inkafarma, Fasa, Arcángel, Boticas Felicidad y Mifarma


Por :Pamela Sandoval del Águila 

Diario El Comercio.- En un correo enviado el 12 de febrero del 2009 por Antenor Mauny, gerente comercial de Fasa, a Henry Conde, de la distribuidora Famakonsuma, se dice de los suplementos Kidcal y Calcibon: “Los productos han tenido una baja de precios considerable esta semana en Inkafarma, lo cual significa una pérdida de rentabilidad para Fasa, asumiendo que debemos igualar el precio. Agradecería dispongas la regularización en el mercado porque no podemos subsidiar tu línea a costa de nuestra rentabilidad”.

Ese es uno de los 7.815 documentos y correos que analizó elIndecopi y que probarían que medicinas para tratar la diabetes, migraña, enfermedades estomacales y neurológicas, así como conocidos suplementos y vitaminas para niños y adultos mayores costaron de 5% a 10% más, debido a un acuerdo entre proveedores y cinco cadenas de farmacias en el país.
Así lo reveló el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), luego de verificar correos electrónicos y documentos de las empresas Arcángel (Albis S.A.), Inkafarma (Eckerd S.A.), Fasa (Farmacias Peruanas S.A.), Mifarma (Mifarma S.A.C.) y Boticas Felicidad (Nortfarma S.A.C.), de enero del 2008 a marzo del 2009.
Las empresas deberán pagar en total una multa de 2.274,46 UIT, ascendente a S/8’984.117.
“La evidencia permitió acreditar coordinaciones entre farmacias, a través de sus proveedores, para incrementar precios en fechas específicas”, informó  Indecopi.
La variación de precios afectó a 36 productos, 21 de ellos de venta bajo receta médica. En cada caso, el incremento osciló entre el 5% y 10% del valor real.
Jesús Espinoza, de la Secretaría Técnica de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi, informó que las farmacias comprometidas fueron notificadas sobre la sanción hace una semana. Por tratarse de un fallo en primera instancia, estas tienen 15 días hábiles para apelar ante la Sala Especializada de la institución.
“Concluido el proceso, que es de 120 días hábiles después de tramitada la apelación, los consumidores e Indecopi también podrán ir al Poder Judicial por daños y perjuicios”, dijo Espinoza. 
Según el funcionario, la investigación empezó de oficio y con visitas sorpresivas hace ocho años, cuando las farmacias infractoras representaban el 72% del mercado. Las pesquisas incluyeron a las cadenas Boticas y Salud S.A.C. y Boticas Torres de Limatambo S.A.C., pero terminaron absueltas por falta de pruebas.
Además de la multa, las infractoras deberán acreditar acciones internas durante tres años para evitar reincidir en estas conductas.
Los correos que probarían la concertación entre farmacias
—Apelarán la decisión—
Para calcular el impacto de la concertación de precios, se tomó de ejemplo a Dislep, comprimido para tratar el reflujo gástrico.
En enero del 2008, la unidad costaba S/2,20 en dos de las farmacias infractoras, y de S/2,4 a S/2,60 en las otras tres. Sin embargo, a fines de ese mes, las cinco ya ofertaban el mismo producto en el mayor de sus precios citados: S/2,6.
Si un paciente compró 10 comprimidos para el mes, es decir la mitad de una caja, se vio obligado a pagar S/4 más en apenas 30 días.
Fuentes de Inkafarma dijeron a El Comercio que la coordinación de precios no es una práctica que persista en la compañía, adquirida por el grupo Intercorp en el 2011. “Cuando se compró la cadena, el proceso de Indecopi ya tenía tres años. Esas prácticas no están vigentes hoy”, precisaron las fuentes, que apelarán el proceso.
En los descargos de las demás compañías, incluidos en el expediente 008-2010/CLC de Indecopi, estas consideraron que los correos electrónicos y documentos evaluados “no revelan concertación, sino la búsqueda de similares condiciones de venta” en la relación proveedor-botica. Afirman, además, que los productos afectados no representaron ni el 4% de sus ventas, por lo que es errado decir que buscaron lucrar y perjudicar el acceso a la salud de los peruanos.

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