sábado, 21 de enero de 2017

Entrevista a Ana María Romero. Titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Socióloga

Por : Maricarmen Chinchay 
Diario La República.- Casos ligados al respeto de los derechos fundamentales de las personas han puesto a prueba una vez más la tolerancia de los peruanos. La ministra de la Mujer analiza la coyuntura y marca posición ante la equidad de género, los derechos de la comunidad LGTBI y, por supuesto, la violencia de género.

¿Cómo ha tomado usted el hecho de que exista un grupo de peruanos que bajo el cartel de "ideología de género" busquen frenar la enseñanza de la equidad en los colegios?
Mire, tenemos información estadística de que el abandono escolar de niñas en la sierra y selva del país es de 40% a nivel secundaria por razones domésticas. Eso quiere decir que las niñas son destinadas a las labores del hogar desde pequeñas, evidenciando clara discriminación. Son este y otro tipo de prejuicios los que por años nos han llevado a tanta violencia contra la mujer. Lo que busca la equidad de género no es otra cosa que la protección de los derechos de hombres y mujeres, considerándolos a todos con igualdad de oportunidades. Yo no entiendo qué quieren decir por ideología de género, eso no existe.
¿Denunciar una falsa "ideología de género" buscaría negar tanta violencia contra la mujer en el país?
Esa violencia está estrechamente asociada a la falta de educación. De acuerdo con nuestro registro, al cierre del 2016 hemos reportado 124 feminicidios y 258 intentos de feminicidio. Eso quiere decir que casi a diario en el Perú se comete, por lo menos, un intento de asesinato contra una mujer. Y pese a eso creo que hay avances, sobre todo en materia de sensibilización en los operadores de justicia. Lo vamos logrando poco a poco.
La comunidad LGTBI también sufre violencia y prueba de ello han sido la serie de insultos que algunos ciudadanos recibieron por exigir el registro de su matrimonio igualitario. ¿Considera que el Perú es cada vez más una sociedad violenta?
Lo que creo es que ahora la sociedad está visibilizando algo que siempre ha existido pero no ha querido reconocer, y lo que se necesita es un debate alturado y sin apasionamientos. En este ministerio somos defensores de las libertades de las personas y luchamos por el respeto de estas libertades promoviendo una política igualitaria para todos. Nos basamos en la Constitución: todos somos absolutamente iguales y por ello no podemos darle la espalda a nadie.
¿Usted está de acuerdo con el matrimonio igualitario?
Yo estoy de acuerdo con la unión civil.
¿Se puede deducir que tampoco estuvo de acuerdo usted con que el Reniec observara el registro de un menor con los apellidos de sus madres lesbianas?
Sin ser abogada puedo enfatizar que por encima de todo está el derecho al nombre y, en ese caso, esa criatura necesita tenerlo. El interés superior del niño está por encima de toda base legal y uno de los derechos de toda persona es su derecho al nombre y eso nadie lo puede discutir.
¿Actúa mal el Reniec, entonces?
Yo creo que las leyes y las normas tienen que adecuarse a los derechos de las personas, y las personas son primero. El funcionario del Reniec no va a encontrar en los libros casos como el de la pareja lesbiana o del señor Ugarteche, pero ya están ocurriendo y por eso nos toca a los hacedores de ley ir adecuándonos.
¿Qué opinión le merece la decisión judicial de archivar el caso del Sodalicio de Vida Cristiana y no dar con los responsables de presuntos abusos a menores peruanos?
Considero que es una muy mala señal, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes que buscan justicia. Y es justamente un importante número de menores los que acuden a nuestros Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional para denunciar casos de violación. Entonces, pensando en ellos, no puedo tener otro sentimiento que una gran preocupación por este tipo de decisiones judiciales.

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