Palabras, gestos y tocamientos serán castigados con nueva ley

Alto al acoso. Cualquier persona que se sienta humillada sexualmente en un espacio público podrá denunciar faltas. Nuevo Código Penal fijará sanciones.

Maricarmen Chinchay

Diario La República.- La ley para prevenir y sancionar el acoso sexual (N° 3539) fue aprobada por el Congreso con el objetivo de castigar toda manifestación producida en espacios públicos que afecta los derechos de las personas, especialmente de las mujeres.
La ley considera como espacio público un parque, una calle y todo establecimiento público o privado concurrido por gente, incluso un medio de transporte.

Esta iniciativa legislativa promovida por la parlamentaria Rosa Mavila tiene argumentos que se basan en el proyecto "Paremos el acoso callejero", de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Dicho estudio revela que solo en el 2013 se registraron 800 denuncias de acoso callejero, siendo las mujeres  entre 18 y 29 años las más perjudicadas.

El proyecto de Mavila señala una serie de leyes que en la actualidad ya castigan los actos contra el pudor en perjuicio de menores; sin embargo, advierte la necesidad de que estas sean modificadas por presentar vacíos tanto en la exactitud de sus términos como en las sanciones que establecen.

"Esta ley ha sido aprobada y con ella tenemos el objeto y ámbito de aplicación de la norma. Las sanciones para cada falta se debatirán después", informó José Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso.

Añadió que todas las penas que contemple la ley contra el acoso callejero serán discutidas en la próxima sesión del Pleno, cuando se debata el contenido del Nuevo Código Penal.

"Allí recién sabremos qué faltas tendrán cárcel efectiva o suspendida. En el ámbito penal hay dos principios fundamentales que deben tomarse en cuenta: la razonabilidad y la proporcionalidad", explicó el legislador.

La ley incluye las obligaciones de los ministerios de la Mujer, Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones, y del Interior, así como las competencias de los gobiernos locales para contribuir a la aplicación de la norma.