Trabajo urgente. Es el único juzgado integrado para atender a las mujeres que sufren cualquier forma de agresión. Se ubica en Villa El Salvador y lleva tres meses de funcionamiento. En el 80% de los casos, los agresores son varones. Se requiere más recursos.
Por : Fernando Leyton.
Diario La República.- Luce asustada y nerviosa, como si no quisiera estar allí. Está sentada en una sala del juzgado, con las manos cruzadas sobre la mesa, mientras mantiene el perfil bajo y pide con voz temblorosa que no divulguemos su nombre. Delante de ella, la magistrada Nancy Chamorro la invita a contar su caso.
Su anonimato funciona como un escudo, como síntoma de un problema visible, pero con víctimas que muchas veces quedan en la sombra.
La mujer de esta historia tiene 24 años y escapó de su casa un sábado por la noche. Tomó a sus dos hijas, una de tres años y otra de ocho meses, y abordó un bus en un terminal del Cusco. Viajó por horas hasta Lima para pedirle refugio a su madre, que vive en San Bartolo.
La jueza le pregunta por qué huyó y le asegura que puede hablar sin miedo, que quiere ayudarla. Entonces la joven continúa su relato igual de asustada. “Mi mamá me convenció de hacer la denuncia”, dice como tratando de justificarse.
Aquella noche, el hombre con quien vivió durante cinco años la golpeó, la insultó y la humilló. Le gritó bruta, ignorante, prostituta, cojuda, y ... le escupió en la cara, le jaló los cabellos con tanta fuerza que le arrancó un mechón del lado derecho, le pegó una y otra vez, y una vez más, como si la odiara.
Por eso escapó. Y por todas las veces anteriores que la había golpeado. “Me insultaba, me hacía limpiarle los pies cuando estaba molesto. Varias veces me ha pegado. Me pedía dinero para la casa porque él no trabajaba, yo tenía que darle todo”, relata.
Su historia pudo terminar como las de Maricela Pizarro, Janeth Calderón, Hilsia Príncipe o Emily Monja: asesinadas, muertas.
En lo que va del año se han registrado 40 feminicidios, una cifra que no tiene rostro, pero que lleva la mirada asustada de todas las víctimas amenazadas, lo que debe motivar la indignación colectiva y el reclamo solidario de acciones urgentes.
A diario, miles de mujeres sufren agresiones físicas, violaciones, maltratos psicológicos y otras formas de una violencia que las mata con una frecuencia alarmante, frente a un Estado que les ha fallado demasiadas veces.
En busca de ayuda
Al escuchar la denuncia, la jueza Chamorro, del Módulo Judicial Integrado en Violencia de Familia (que hasta el viernes se llamaba M|ódulo de Violencia de Género) de Villa El Salvador, ordena que un psicólogo evalúe a la joven para detectar otros indicadores de violencia.
Este módulo integrado, el único en el país, es parte de un plan piloto para mejorar los servicios de protección a las víctimas de violencia. Su función es emitir medidas cautelares –prohibición de acercamiento, abstención de agresión, terapias psicológicas, entre otras– en un plazo máximo de 72 horas.
Para ello integra diferentes servicios, como equipos multidisciplinarios para evaluación especializada y una cámara Gesell. Este espacio está diseñado para registrar testimonios y evitar la revictimización (ver infografía), pero incluso con esta fórmula el sistema es imperfecto.
La magistrada planeaba prohibir que el agresor se acerque a la joven y a sus hijas, pero la denunciante no acudió a la audiencia. Ahora no pueden ubicarla.
“Nosotros podemos sacar casi de inmediato una medida de protección, pero a veces las agraviadas vienen muy atemorizadas, presentan las denuncias y no van a todas las evaluaciones. No sé si es la falta de confianza en el Poder Judicial o el temor al agresor”, explica Chamorro.
La jueza ha visto casos en los que las propias víctimas buscan retirar sus denuncias y evitan el contacto posterior con los operadores de justicia. Algunas han llegado a cambiar de teléfono o mudarse a un nuevo domicilio con sus agresores, tal vez bajo coacción o amenaza.
En sus tres meses de existencia, el módulo integrado ya ha recibido más de cuatro mil denuncias. De ese total, el 91% de los denunciantes son mujeres; el 8%, varones; y el 1%, niños y niñas.
Hombres y mujeres
Pero la cifra que refleja la magnitud del problema es otra. En esos cuatro mil casos, el 80% de los agresores son varones y el 20% mujeres.
Antes del 7 de marzo, los juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur emitían un promedio de 259 medidas de protección al mes. Tras fusionarse en el módulo integrado, el promedio creció hasta 388.
Aunque esa cifra puede parecer un avance, es muy inferior al volumen mensual de denuncias que se reciben: alrededor de dos mil.
¿Qué falta para hacer el servicio más eficiente? El módulo tiene solo seis jueces —cuatro mujeres y dos varones— que trabajan en tres turnos para cubrir las 24 horas.
Además de los asistentes legales, también tienen seis psicólogos, cantidad que resulta insuficiente para cubrir todos los casos que reciben.
Es esa falta de personal una de las razones por las que muchas veces no se cumple el plazo de 72 horas para emitir las medidas cautelares. Cuando ello ocurre, la víctima no solo queda expuesta, sino que se demora el inicio de los procesos penales posteriores.
Proteger a las mujeres agredidas puede evitar nuevos feminicidios, es cierto, pero en el ámbito judicial no se agota la solución del problema.
Además de castigar a los agresores, el Estado debe procurar la recuperación integral de la víctima, no solo aliviar el dolor de los golpes. Si no sanan sus heridas emocionales, tal vez no logren vivir de nuevo sin miedo.
Violencia familiar, ¿solo un cambio de nombre?
El Módulo Judicial Integrado en Violencia de Género se inauguró el 7 de marzo, bajo el amparo de la Ley 30364. Esta norma tiene el objetivo de "prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujeres y el grupo familiar".
Sin embargo, el 7 junio el Poder Judicial cambió la nomenclatura del juzgado, que ahora se llama Modulo Judicial Integrado en Violencia Familiar.
La Corte Superior de Justicia de Lima Sur justificó la modificación al asegurar que el nuevo nombre permitirá realizar una "mejor difusión de los servicios que ofrece la referida dependencia", pues no solo se atienden casos de violencia contra la mujer.
Antes de crear el módulo, el 61% de las denunciasregistradas en Lima Sur correspondía a casos de violencia familiar en general.
El módulo beneficia a más de 1.9 millones de personas de los distritos de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Chorrillos, Lurín y balnearios.
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