Abusos en residencias. La mayoría de las adolescentes de Condorcanqui viven en locales sin vigilancia, con infraestructura inadecuada y una serie de carencias. Hay denuncias de tocamientos indebidos.
Por : Milagros Berríos
Diario La República.-Los extraños se acercaban a la residencia por las noches. Ingresaban por los espacios sin puertas, avanzaban hacia las camas y observaban cómo las alumnas dormían en la penumbra. Entonces, levantaban las sábanas, el mosquitero e intentaban tocar sus cuerpos. Pero ese contacto despertaba a las adolescentes, que cogían una linterna y alumbraban a los agresores. En los segundos siguientes, ellas hacían todo lo posible para que la luz amarilla alcanzara los rostros de aquellos sujetos que habían corrido hacia el campo de la comunidad awajún de Tuutin Tutino, en la provincia de Condorcanqui. Pero no lo lograban.
Estas "visitas" no serían aisladas. Ahora, cuando las alumnas del colegio secundario Daniel Chamikit Juwau, de Tutino, en Amazonas, reposan sobre sus camas sin colchones, también resulta frecuente que, desde el exterior, los extraños intenten ingresar sus manos entre las cañas que rodean la residencia estudiantil. El objetivo, otra vez, es tocarlas.
Estos locales se han convertido en los hogares de los escolares de las zonas rurales de la sierra y de la Amazonía; hogares que aún son inseguros, tienen infraestructura inadecuada y ponen en riesgo a sus ocupantes, quienes ya han denunciado ser víctimas de violencia sexual.
En el Perú, según el Ministerio de Educación (Minedu), existen más de 80 colegios secundarios con residencia estudiantil (sierra y selva), de las cuales 60 están ubicadas en comunidades nativas o poblados indígenas con altos índices de pobreza. En la selva, solo Amazonas, donde viven las estudiantes de Tutino, tiene 27 locales identificados, aunque se estima que puedan superar los 50. Esta es la segunda región con más residencias escolares.
Para llegar hasta allí, las alumnas y los alumnos deben viajar entre 2 y 72 horas por río y tierra. Sus comunidades de origen no tienen secundaria.
Las residencias estudiantiles fueron una iniciativa de los padres de familia de las zonas más alejadas, a quienes solo les quedaba encargar a sus hijos a algún comunero o levantar un espacio donde puedan permanecer las horas que no estaban estudiando. El alto costo de los traslados y la lejanía de sus comunidades nativas hace imposible que los menores retornen a sus hogares, terminadas las clases. Por eso, ellos lo hacen cada dos semanas o meses.
Sin embargo, lo que comenzó como una necesidad, aún no termina de consolidarse. En el informe 002-2017-DP de la Defensoría del Pueblo, de abril del 2017, se había advertido la precariedad de estos locales: camas y camarotes deteriorados y sin colchones, falta de mobiliario, robos frecuentes e infraestructura inadecuada.
Esto último lo viven las siete residentes del colegio de Tutino, que no tienen más de 16 años, duermen solas en un local rodeado de plástico y sin puertas. Adentro, sus catres están cubiertos por un par de mantas y cartón. Solo tienen sandalias, una pelota y ollas en el suelo. Su hogar temporal está al lado de su colegio, a diez minutos de caminata de la zona poblada y sin vigilancia permanente.
Sus compañeros –nueve varones residentes– también tienen un local, pero ubicado al otro extremo de la escuela, en un espacio rodeado solo de plantas.
La coordinadora de las residencias, y única maestra mujer del colegio, Isolina Ugkum, comenta que a veces el personal docente se turna para cuidar por la noche. "El Apu también manda a un vigilante para que se dé una vuelta y no haya más abusos. Las alumnas piden una pared más segura porque la gente mete sus manos".
Violencia sexual no cesa
Allí, en Condorcanqui, una de las provincias con los más altos índices de violencia sexual escolar, las residencias también se han convertido en una zona de riesgo para las alumnas awajún, quienes ratifican sus acusaciones de tocamientos indebidos. En Tutino, en el distrito de El Cenepa, se reportan los tocamientos nocturnos, los acosos desde el exterior de los locales y embarazos de adolescentes.
"Sí, antes llegaban casos diarios (de violencia sexual), pero las alumnas no identifican a los agresores. Este año no se ha reportado nada", manifiesta el director de la escuela Daniel Chamikit Juwau, Ernesto Trigoso, quien lleva unos meses a cargo de más de 200 alumnos y que no sabe cuál ha sido el futuro de los acusados de años pasados, entre los que figuran docentes. "Esos casos han ocurrido en el 2014, 2015. El colegio no tiene personal estable...".
Como ya lo había informado La República, la situación de maestros acusados por violencia sexual genera impunidad en Condorcanqui. En esa provincia, en los dos últimos años, la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) ha abierto 80 procesos a docentes y administrativos por violación. Sin embargo, la condición de contratados hace que puedan trasladarse a otras escuelas, mientras no reciban sanción o prescriban los casos.
Otra de las dificultades que aún se mantienen, según personal del Minedu de Lima y los estudiantes, es que el programa de alimentación escolar Qali Warma, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, solo funciona de lunes a viernes, y dos veces al día. Eso quiere decir que los residentes no reciben cena diaria, ni comida los sábados y domingos.
La carencia ha llegado a tal punto que cuando la Defensoría del Pueblo recorrió las comunidades awajún (2014-2015) recogió testimonios de alumnas que habían mantenido relaciones sexuales con extraños para solventar sus gastos de alimentación por las noches.
Los escolares de las residencias son los que huyen de la estadística: en el Perú el nivel secundario registra los mayores porcentajes de deserción. Los índices más altos se concentran en el área rural, en los alumnos de lenguas nativas y los que están en situación de pobreza. Los muchachos que llegan a Tutino, zona ubicada a más de tres horas de viaje por río desde Santa María de Nieva (capital de Condorcanqui), cumplen con ese perfil, pero ellos siguen estudiando.
Es hora de acciones
Entre el 2015 y 2016, las residencias creadas por la comunidad empezaron a ser reconocidas por el Minedu: se trabajaron proyectos pilotos a los que se les entregaba útiles de cocina, menaje, ollas, mobiliario, mosquiteros y hasta herramientas. Sin embargo, esto solo beneficiaba a un grupo pequeño de residencias.
En diciembre del 2017, se creó el modelo de servicio de secundaria rural con residencia, el cual ha "institucionalizado" estos locales. Ahora se les debe destinar un presupuesto para su mejora a 16 de estas en Amazonas (incluida la de Tutino), se tiene que ampliar la jornada a más de 60 horas que incluirían talleres, alimentación y área psicológica. Incluso, se debe dotar de cuartos, cocinas, comedores y hasta baños con duchas y tanques: todo lo que hoy no existe.
También se tiene prevista la contratación de mayor personal que acompañe a los residentes todos los días. Eso debería aplicar el sector desde el próximo mes, pero mucho dependerá de las decisiones que tome desde hoy el nuevo ministro de Educación.
Autoridades de Amazonas: nuevo modelo debería ser una solución
La Dirección Regional de Educación (DRE) de Amazonas respalda el modelo de servicio de secundaria con residencia aprobado por el Ministerio de Educación. "Los alumnos tendrán clases, talleres, alimentación, trabajadores sociales. Es la solución real para el problema", manifiesta el titular de la DRE, Edgar Julca, quien detalla que este modelo también ha sido validado en Ucayali, Loreto y San Martín.
"Como gobierno regional estamos contratando personal básico desde este mes (abril)", señala. Julca también resalta la necesidad de reforzar la seguridad de los locales, para lo que se requiere la intervención del Minedu.
Desde mayo, el sector deberá implementar el modelo en 16 residencias.
"Requerimos construir las residencias, mejorar la infraestructura. Estos problemas se repiten en decenas de locales en el distrito de Imaza y Condorcanqui. Si hubiera una residencia establecida, todos los niños acudirían allí. Tendrían alimentación, cuidados, salud. Son niños vulnerables".
Urge la intervención de la UGEL, la DRE, Minedu y municipalidades.
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