miércoles, 15 de noviembre de 2023

 

  • Solo el 30% de países en las Américas cuenta con seis tecnologías básicas necesarias para el manejo efectivo de la diabetes, según la Organización Panamericana de la Salud.




Salud e
n
 Casa.- La diabetes tipo 1 (DM1) es una enfermedad hereditaria, que se diagnostica con mayor frecuencia en niños y jóvenes. Es mucho menos frecuente que la diabetes tipo 2; de hecho, representa entre el 5% y el 10% de los casos.



Sin embargo, de acuerdo con los expertos, la DM1 presenta un alto índice de subdiagnóstico debido al desconocimiento de la población, la limitada cantidad de profesionales de la salud especializados en el área y la escasez de recursos dedicados a la detección y diagnóstico.  Esta carencia se vincula directamente con una tasa de mortalidad más elevada, consecuencia de la ausencia de tratamiento oportuno.


 

Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, la región enfrenta un acceso limitado a tecnologías innovadoras esenciales para el manejo efectivo de la diabetes. Solo 12 países cuentan con seis tecnologías básicas necesarias, como equipos para medir la glucosa en sangre, pruebas para el diagnóstico temprano de complicaciones y tiras reactivas de orina para el análisis de glucosa y cetonas.


 

A pesar de este panorama desafiante, los especialistas destacan la existencia de soluciones tecnológicas avanzadas disponibles para el tratamiento de la DM1. Entre ellas, se encuentran los sistemas de administración automatizada de insulina, que han demostrado reducir complicaciones y permitir hasta el 90% de los pacientes alcancen el control óptimo de glucosa recomendado. De acuerdo con el Dr. Segundo Seclén, presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD), el manejo adecuado es crucial, ya que la DM1 puede ocasionar daño cerebral funcional, afectar el coeficiente intelectual debido a las hipoglucemias y, por ende, disminuir la esperanza de vida y aumentar la mortalidad.


 

Sin embargo, la utilización de estas y otras tecnologías varía: hoy se observan notables disparidades entre los países de la región en lo que respecta al acceso a recursos fundamentales para el tratamiento de esta condición médica.



En Chile, por ejemplo, la Ley Ricarte Soto proporciona protección financiera a pacientes con condiciones específicas de salud, como enfermedades oncológicas, inmunológicas, raras o poco frecuentes, para el diagnóstico y tratamiento de alto costo. Esta ley contempla el acceso a terapias innovadoras, incluyendo insulinas análogas, sistemas de administración automatizada de insulina y dispositivos de monitoreo continuo de glucosa, como las bombas de insulina, que permiten un control y tratamiento más preciso y efectivo al suministrar la insulina de forma dinámica, ajustándose a las necesidades del organismo de la persona que padece esta enfermedad.



A pesar de estos avances, persisten algunas barreras que enfrentan los pacientes para lograr un control adecuado de esta patología. Si bien Chile se destaca como uno de los países más avanzados en cuanto al diagnóstico y tratamiento de la diabetes tipo 1 en la región, aún existen dificultades en la reposición de bombas de insulina, con tiempos de espera prolongados y, en muchos casos, saturación de los servicios de atención, lo que dificulta el manejo de la condición. Además, se observa una diferenciación en el acceso entre el sistema público y privado.


 

Asimismo, en Colombia, el acceso a tratamientos innovadores como la insulina análoga y los sistemas de administración automatizada de insulina está contemplado tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado de salud. Esto facilita el control de la enfermedad y evita complicaciones a corto y mediano plazo que podrían representar mayores costos para pacientes, familiares y entidades de salud.

 

 

“Aunque existen facilidades para acceder a tratamientos en Colombia, las barreras que dificultan el acceso de los pacientes a este tipo de tecnología generalmente se deben al desconocimiento de algunos especialistas sobre estas tecnologías, la desinformación por parte de las personas y sus familiares, o retrasos administrativos de las Entidades Promotoras de Salud”, informa Alexandra Gómez, directora de la Fundación ASUBIM.

 

En Argentina, la Ley Nacional de Diabetes garantiza el acceso a servicios esenciales para mejorar el control glucémico y reducir complicaciones, incluyendo insulinas análogas o bombas de insulina. No obstante, la escasez de suministros médicos y la inestabilidad económica afectan el acceso a estas tecnologías. De acuerdo con el Dr. Rodrigo Carnero, miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes Capitulo Córdoba, "los principales desafíos son la accesibilidad a las nuevas tecnologías y el coste que conlleva la no cobertura o cobertura parcial de las mismas. Esto genera un gran desgaste en el sistema de salud, en los médicos y, sobre todo, en los pacientes”.

 

Por otro lado, en Perú, la situación es preocupante. Los pacientes con diabetes tipo 1 continúan siendo tratados con insulina humana, un enfoque en desuso a nivel global y que solo persiste en países con recursos muy limitados, como algunos del continente africano. El Dr. Segundo Seclén, presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD), destaca que este tratamiento se asocia con complicaciones como la hipoglucemia (niveles bajos de azúcar en la sangre) y una gran variabilidad glucémica que no logra un control efectivo de la condición.

 

Por otra parte, el experto resalta que la falta de inversión en tecnología en el Perú no solo deteriora la calidad de vida de los pacientes, sino que representa una alta carga para el sistema de salud. “La diabetes es una enfermedad que, si no se controla de manera efectiva, puede generar complicaciones severas y costosas”, señala.

 

En el caso de México, las personas con diabetes tipo 1 deben acudir a un hospital de tercer nivel del sector salud y/o ser beneficiario de alguna asociación de pacientes para tener acceso a tratamientos con insulina, pero no pueden acceder a tecnologías como los sistemas de administración automatizada de insulina (también llamados bombas) y de monitoreo continuo de glucosa.

 

“La falta de disponibilidad de acceso a tecnología en nuestro país ocasiona que se tenga un mínimo control metabólico, lo que lleva, en muchos casos, a complicaciones asociadas a la enfermedad. Sumado a ello, la ausencia de permisos para la importación de bombas de insulina y el limitado presupuesto gubernamental para la implementación de tratamientos innovadores, restringe un tratamiento adecuado”, afirma Ruth Veléz, fundadora y directora de la Asociación Con Diabetes Sí Se Puede, I.A.P.

Por su parte, Puerto Rico cuenta con un sistema de salud privatizado y un sistema de salud del gobierno. En el caso de los planes privados, los beneficios dependen del plan ofrecido por la aseguradora que escoja cada persona o grupo familiar.  Existe la Ley 177 la cual obliga que todos los planes de salud cuenten con la cobertura de un medidor de glucosa en sangre, tirillas y lancetas y las microinfusoras de insulina para el tratamiento de la diabetes tipo 1. Aún queda por lograr la enmienda a dicha ley para que se incluya el monitor continuo de glucosa que tanto beneficio provee a un paciente con diabetes.  Sin embargo, la falta de profesionales especializados para tratar este tipo de enfermedades se convierte en un problema importante para el sector médico.

 

“A pesar de que en Puerto Rico estamos al día en cuanto a los últimos adelantos en tecnología para manejar la diabetes y los pacientes tienen acceso a ellos, es muy cuesta arriba que los planes médicos aprueben los equipos y suplidos.  Por otro lado, necesitamos contar con más endocrinólogos pediátricos en la Isla, actualmente son solo 13 actualmente y no es suficiente” expresó Mariana Benítez Hilera, MHSA, directora ejecutiva de la Fundación Pediátrica de Diabetes.

 

En esa línea, los expertos señalan la importancia de seguir las buenas prácticas de países como Argentina, Colombia y Chile e impulsar la implementación de políticas de salud pública en cada país. A su vez, destacan la necesidad de alinear la legislación con la realidad operativa, asegurando que lo establecido por la ley se refleje efectivamente en la práctica médica. Este alineamiento busca garantizar diagnósticos precisos y tratamientos innovadores para lograr un mejor control de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Adicionalmente, indican la relevancia de promover alianzas entre gobiernos, organizaciones de salud, y la industria para desarrollar estrategias integrales que aborden los desafíos actuales, ya que la colaboración es crucial para América Latina.

 

0 comentarios:

Publicar un comentario