Salud en Casa.- En las últimas dos décadas se ha configurado en nuestro país, una ruta orientada a mejorar el acceso a servicios de salud que elimine la barrera de la falta de recursos económicos. Es así como, sobre la base de la décimo tercera política de Estado aprobada en el marco del Acuerdo Nacional (2002), se desarrollaron diversas adecuaciones institucionales y se delinearon los marcos normativos que tuvieron como hito la promulgación de la “Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud” (2009). Esta planteaba un proceso orientado a que toda la población tuviera un seguro de salud.
Lo anterior implicaba
propiciar el crecimiento de la seguridad social, el fortalecimiento de los
sistemas de financiamiento de servicios de salud de las Fuerzas Armadas y
Policiales, la promoción y la regulación de la participación del sector privado
en la administración del financiamiento de los servicios de salud para la
población con capacidad de pago.
Además, y muy especialmente,
se pretendía afianzar la ruta que permitiera que el “Seguro Integral de Salud”
(SIS), que el 2009 ya alcanzaba al 34%
de la población, incorporara a la población pobre y vulnerable a su régimen
gratuito y atrajera hacia el régimen semicontributivo a la población informal
no pobre, con capacidad para aportar parcialmente al financiamiento del modelo.
Esto constituía un especial desafío en un país con alta informalidad y pobreza.
Luego de un inicio
perturbado por limitaciones en el financiamiento y administración del proceso,
a partir del 2012 se impulsó el fortalecimiento del aseguramiento público a
través del SIS, que trajo consigo importantes avances en aspectos de
financiamiento y ampliación de planes de cobertura (se incluía enfermedades de
alto costo). Sin embargo, la más importante limitación era la fragmentación de
la oferta prestacional que se convirtió en la principal barrera para el acceso.
El 2019, se
emitió un decreto de urgencia que dispuso que el SIS debía afiliar a toda la
población que no tuviera un seguro de salud, independientemente de la
clasificación socioeconómica, con lo que se pretendía que todos los peruanos tuvieran
ya un seguro de salud.
¿Esto significa
que por fin hay un seguro para todos, que garantiza un acceso universal a la
salud en el Perú? Lamentablemente, la respuesta es no. En tanto la barrera de
la fragmentación de la prestación se mantenga, el financiamiento de la
prestación a través del seguro público de salud resulta ser solo una fracción
de las reales necesidades de atención y se deja de lado (en gran medida) a la
población más pobre y vulnerable, para atender a la población no pobre, que ya
no se encuentra obligada a contribuir al sostenimiento del modelo, lo que agrega
un riesgo adicional a la sostenibilidad y efectividad de esta política.
José C. Del Carmen S.
Médico Neurólogo – Doctor en Salud Pública
Docente y miembro del Comité Consultivo
Facultad de Medicina Humana - Universidad
de Piura
0 comentarios:
Publicar un comentario