Salud en Casa.- El nuevo informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026 - SOFI 2026, revela que el 33.6 % de la población peruana enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que representa aproximadamente 11.5 millones de personas con dificultades para acceder de manera regular a alimentos suficientes, diversos y nutritivos.
Con estas cifras, el Perú se mantiene como el país con la mayor
prevalencia de inseguridad alimentaria de Sudamérica. Asimismo, ocupa el cuarto
lugar en América Latina, después de Guatemala, El Salvador y Honduras. Estos
resultados vuelven a colocar al país frente a una profunda contradicción, ya
que el Perú posee una amplia diversidad agrícola y alimentaria; sin embargo,
millones de familias no tienen los ingresos necesarios para acceder a una
alimentación adecuada”, señaló Jessica Huamán, Coordinadora de la Plataforma
por la Seguridad Alimentaria Nutricional.
El informe también indica que el 34.8 % de la población peruana,
alrededor de 12 millones de personas, no puede costear una dieta saludable. En
2025, el costo mínimo diario de esta dieta llegó a 4.45 dólares. Asimismo, el 3.7
% de la población, aproximadamente 1.3 millones de personas, enfrenta
inseguridad alimentaria grave".
“Que
una persona se encuentre en situación de inseguridad alimentaria grave
significa que ha dejado de comer durante uno o más días, y hoy más de un millón
de peruanos atraviesan esta realidad, lo que incrementa significativamente el
riesgo de malnutrición, deteriora su salud y limita sus posibilidades de
desarrollo. No estamos hablando de una cifra aislada, sino de una expresión
extrema de desigualdad que exige una respuesta urgente y sostenida del Estado”,
explicó Huamán.
Los
resultados del SOFI 2026 evidencian la urgencia de que la seguridad alimentaria
deje de ser atendida mediante medidas aisladas y pase a ocupar un lugar central
en la agenda pública. Frente a una situación que afecta a millones de peruanos,
el nuevo Gobierno y el próximo Congreso deberán impulsar una política de Estado
articulada, con presupuesto suficiente, metas verificables y acciones
orientadas a garantizar el acceso permanente a una alimentación suficiente y
saludable.
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