La confusión frente a la masacre de Milagros Rumiche ha traído propuestas concretas: la Defensoría del Pueblo, los médicos legistas y diversas ONG coinciden en que debe modificarse el Código Penal para valorar los daños físicos y psicológicos de las víctimas de agresiones. Además, se incluirá por primera vez un curso de perspectiva de género en la formación de oficiales y suboficiales de la Policía. Ni una menos.
Por : Renzo Gómez
Suplemento Domingo.- A dos días de la multitudinaria marcha Ni una menos, un rostro desfigurado y sangrante dejó en claro lo mucho que costará extirpar la monstruosidad de esta sociedad.
Pero no solo eso, que ya es terrible. La indignación por la masacre que sufrió Milagros Rumiche (20) a manos de su expareja Carlos Feijoó, quien la abandonó en una playa de Tumbes, creyéndola muerta, hizo patinar al gremio periodístico y emprenderla contra la médico legista Joyce Lama.
¿Cómo que son lesiones leves? ¿Con qué criterio puede dictaminar eso? La mandamos a la hoguera. Afortunadamente, con los días, la niebla se marcha y todo se ve más claro.
La debida gravedad
"Nosotros solo evaluamos el daño físico. Nos remitimos a una tabla tipificada a la que no le podemos aumentar ni quitar días", afirma por teléfono César Quito, secretario del Sindicato de Médicos Legistas de La Libertad.
En efecto, el fiscal es quien determina el delito cometido a partir del informe del médico. Ahora bien, como ya ha circulado por las redes sociales, Joyce Lama consignó una larga lista de hematomas (moretones) y excoriaciones (raspones) y las "lesiones leves" estaban referidas al Traumatismo Encéfalo Craneano.
Aunque el daño es clamorosamente visible, se dictaminaron 4 días de atención facultativa y 15 días de incapacidad médico legal. Después, el fiscal encargado Belisario Martínez denunció al agresor por tentativa de feminicidio. Pero el Código Penal es amargamente objetivo: solo si las lesiones inhabilitan a la persona por más de 30 días recién se les considera graves. Menos es leve.
"En Argentina y Colombia el Código Penal dice que toda lesión en el rostro es grave. Lamentablemente así es nuestra legislación", dice Jaime Osores, médico del Instituto de Medicina Legal.
Se abre el debate.
"Se deben poner plazos más realistas. No es posible que quedes desfigurada o pierdas la funcionalidad de un órgano y sea una falta leve. La norma penal debe revisarse", sostiene Patricia Sarmiento, encargada de la Adjuntía de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.
Juan Quiroz, asesor de la Jefatura Nacional de Medicina Legal coincide y propone: "más de diez días debería considerarse como una lesión de gravedad. El Congreso debe variar la tipificación".
César Quito, otro médico legista, también se une al consenso: "Por heridas abiertas son 7 días, si te rompen la nariz son 15. No pues, nunca se van a llegar a los 30 días. Es imposible. Es una falta de criterio que no debemos seguir arrastrando".
El daño psíquico
Un tema queda flojo. Después de que los moretones desaparecen y los puntos cierran, hay heridas que permanecen abiertas y no reciben una merecida atención: las lesiones psíquicas.
"Un cuadro de angustia, de pánico, a causa de violencia de género, no es una falta sino un delito. La depresión inhabilita. ¿O qué creen, que en diez días uno vuelve al trabajo y a la vida como si nada?", reclama María Ysabel Cedano, directora de Demus.
Gina Yáñez, asociada y exdirectora de Manuela Ramos, la secunda: "Mientras no tengamos una visión integral, la muerte seguirá rondando. Existen guías para medir el daño psicológico pero no se aplican, porque los profesionales no son capacitados debidamente".
Los médicos legistas, como se sabe, se encargan de la valoración del daño físico. Del perjuicio psicológico se ocupan los psicólogos forenses y los psiquiatras. El problema es que existe un déficit de espanto.
Según Verónica Baracco, gerente de operaciones del Instituto de Medicina Legal, el país solo cuenta con 380 psicólogos forenses a nivel nacional para las 225 divisiones médico-legales, cuando se necesitan 1,200. Es decir, el triple. Respecto de los psiquiatras es un escándalo: solo son ocho en todo el país.
La realidad de los propios médicos legistas es parecida. Son 540 en todo el país.
"Actualmente tenemos 120 plazas sin cobertura. Nadie se presenta, porque el sueldo es ridículo. A pesar de que estudiamos tres años más de especialización nuestros sueldos no superan los 4 mil soles. Muchos prefieren ir al Poder Judicial o al Ministerio de Salud", protesta Baracco.
La ley N° 30364, promulgada en noviembre de 2015, "para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar", cuyo reglamento recién fue aprobado a fines de julio de este año, en la transición de un gobierno a otro, impulsa una serie de medidas, como la utilización de las cámaras Gesell (se realiza en ambientes separados y se graba detrás de una luna) no solo para adolescentes sino para que toda persona que haya sufrido violencia sexual brinde un testimonio único y no deba repetir su calvario.
Pero el Ministerio Público solo cuenta con 33 de estas cámaras en todo el país.
"La ley está simpatiquísima, pero se hizo al caballazo, sin articularla ni dotar de recursos a los organismos implicados. Y sin recursos, todo queda bonito en el papel", añade Patricia Sarmiento de la Defensoría del Pueblo.
Mientras tanto, las tentativas de feminicidio aumentan: 118 en lo que va del año, y van camino a superar las 198 de 2015.
Visión de género
Desde que se lanzó la nueva norma, los policías tienen 24 horas para emitir su atestado policial. Esto con la finalidad de que en 72 horas la víctima cuente con medidas de protección.
Sin embargo, mucho se ha hablado sobre la deficiente atención, poca empatía y prejuicios de los comisarios para con las agraviadas. Por decir lo menos.
En tal sentido, el Ministerio del Interior en convenio con el Ministerio de la Mujer está a punto de suscribir un convenio, con carácter histórico, si es bien llevado: por primera vez se incluirá un curso con perspectiva de género en el currículo educativo de la escuela de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional.
"Siempre han tenido cursos de Derechos Humanos, pero ahora estos módulos tendrán autonomía. Y no solo nos centraremos en la formación de los nuevos elementos, sino también en el personal que está en funciones", asegura Miguel Huerta, director general de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior.
Todavía no se conoce la fecha de implementación ni los profesores, aunque probablemente se trate de especialistas propuestos por el Ministerio de la Mujer. Eso sí, el nuevo protocolo se encuentra en la etapa final. Además, en todas las dependencias policiales se colocará una ficha de orientación para que el afectado sepa cómo debe ser atendido y, de paso, se le recuerde al efectivo cómo hacer su trabajo. Como, por ejemplo, un mayor ojo clínico para advertir un contexto de violencia, cuando una mujer se marcha del hogar.
"Muchas personas no denuncian, porque no conocen sus derechos", agrega Huerta.
Según el propio Mininter, en el 2015 se registraron 137 mil 742 denuncias por violencia familiar. De ese universo, el 89% fueron mujeres, y el 7.2 adolescentes.
La nueva ley contempla un mapa georreferencial para ubicar y hacerle seguimiento a posibles victimarios. Cuando se pregunta si habrá presupuesto, se escucha silencio. El grito, por suerte, está en las calles. Y cada vez es más fuerte.
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