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Les
esperaría a los responsables hasta 15 años de cárcel por la comisión de múltiples
delitos por peculado, estafa, contra la salud pública y la declaratoria de
emergencia sanitaria
Las mencionadas clínicas, según la denuncia de la CGR,
habrían cobrado a sus pacientes altos costos, no
solo simulando groseramente el costo de la propia prueba gratuita, sino otros
costos adicionales inexistentes, inflados, irracionales y desproporcionados,
que no se condicen con elementales principios de conformación de los costos que
regulan las ciencias contables y económicas, adiciones que inclusive excederían
el propio valor que le habrían asignado a la prueba gratuita del Estado.
Preciso Noriega Ludwick, que es imperioso aclarar estos
hechos con prontitud, y si para
configurarlos necesitaron de la complicidad de algún funcionario público
facilitador de las pruebas, todos los cuales estarían inmersos no solo en infracciones administrativas, sino también en
la comisión de múltiples delitos por peculado contra el Estado, estafa contra
los pacientes, contra la salud pública y la Emergencia Sanitaria en agravio de
la sociedad, entre otros, que podrían llevar por 15 años a la cárcel a los
responsables. Reclamo en nombre de la comunidad castigos riguroso y
aleccionadores a los responsables que lucren con la salud y el dolor del
prójimo.
Para Noriega Ludwick, SUSALUD tiene al frente una
estupenda oportunidad de honrar su autonomía, y de paso reivindicar a las supervisoras
de servicios públicos que en los últimos años han mostrado mucha permisibilidad
con sus supervisados, sembrando suspicacias y perdiendo cada día más
legitimidad ante la comunidad sobre el rol que cumplen por mandato de la ley y
el libre mercado.
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