Milagros Berríos
Diario La República.- Los insultos se oían desde que ingresaba al colegio, seguían en el recreo y no paraban en la salida. La víctima era una adolescente de 15 años que cursaba el cuarto de secundaria y los atacantes eran dos jóvenes que le llevaban un año. En esa institución nacional de Tarapoto las burlas llegaban sin razón e incluso podían ser compartidas por el resto de alumnos.
El año pasado, la Defensoría del Pueblo recibió este caso junto a otros 44 que también denunciaban "bullying" (agresión repetitiva y consciente entre escolares). Cuando la institución le consultó al director del colegio sobre las medidas que había aplicado para detener estas acciones, él respondió que solo había registrado la denuncia de la madre de la adolescente y la había remitido al Ministerio Público.
Este procedimiento no incluyó medidas correctivas o la notificación ante el Consejo Educativo Institucional (Conei), según lo establece la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, también conocida como Ley Antibullying.
Ello es solo una muestra de que la implementación de esta norma (N°29719) –publicada en junio del 2011 y reglamentada el 2012– no se ejecuta en todos los colegios públicos y privados, donde aún faltan designar psicólogos, diseñar boletines o usar un registro de agresiones.
Este es el panorama pese a que, desde setiembre del 2013, el Sistema Especializado contra la Violencia Escolar (SíseVe), reporta más de 2.617 casos de agresiones a escolares. La mayoría es de tipo física.
La Defensoría, encargada de la supervisión de las obligaciones del Ministerio de Educación (Minedu), precisa que de las 204 instituciones inspeccionadas el 2014, la mayoría recibió recomendaciones debido al desconocimiento que hay de las normas y la falta de medidas correctivas. "En algunos de los colegios no saben cómo abordar los casos, cómo articularlos con la red del servicio local (...) Hay un avance, no es el ideal, pero el tema de la aplicación de la estrategia es un proceso", señala Rosa Vallejos, de la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia de la mencionada institución.
Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) detalla que entre enero del 2013 y junio del 2014 se iniciaron 10 procedimientos por presuntos actos de violencia o acoso en colegios privados de Lima Metropolitana.
De estas escuelas, dos recibieron sanciones. En la primera, un estudiante fue víctima de violencia, hostigamiento e intimidación por parte de un compañero. En la segunda, hubo agresiones físicas y verbales. En ambos casos no se adoptaron medidas correctivas para que cesen los ataques, por lo que recibieron sanciones de 5 y 8 UIT, respectivamente. Ello equivale a más de 30 mil 400 soles.
En marzo pasado, Indecopi solicitó a 607 colegios la muestra de los mecanismos obligados por la Ley N° 29719, como los libros de incidencias, el plan informativo de convivencia, boletines y psicólogos. Este último punto resulta ser uno de los principales problemas.
Según el coordinador de la estrategia nacional contra la violencia escolar del Minedu, César Bazán, los psicólogos son un requerimiento permanente; sin embargo, por cada tres escuelas solo hay un profesional colegiado que no necesariamente quiere laborar allí.
Precisa que hace un mes presentaron un texto sustitutorio a la mencionada ley en la que, por ejemplo, propone emplear a trabajadores sociales para ofrecer mejor respuesta a este problema. Falta que el Pleno del Congreso lo discuta.
CLAVES
El SíseVe (www.siseve.pe)es una plataforma virtual en la que una víctima o un testigo de agresión escolar puede notificar el hecho con solo ingresar su DNI. Para eso, el colegio y el usuario deben estar inscritos en el mencionado sistema. La identidad se mantiene en reserva.
Esta herramienta virtual del Minedu tiene 32 mil centros educativos registrados.
Precisamente, ayer concluyó el Sexto Congreso Mundial sobre Violencia Escolar que se realizó en Lima, del 20 al 22 de mayo.
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