Cifras de espanto. En cuatro años se han reportado 1.850 denuncias de tocamientos indebidos, acoso y violación sexual dentro de los colegios. Solo entre abril y setiembre, más de 120 presuntos agresores han sido separados de manera preventiva de su centro laboral. Advierten que hay casos no denunciados.
Por : Milagros Berríos.
Diario La República.- Cinco adolescentes de la provincia de Huacaybamba, en Huánuco, aseguran que sus profesores son los padres de sus bebés. La profesora Jessica Sierra Salas, de 35 años, fue denunciada por seducir a una alumna de 14 años del colegio Antonio Raimondi, en Ventanilla. Este fin de semana, un docente de Educación Física fue acusado de abusar sexualmente de al menos tres alumnas de un colegio en Zárate (San Juan de Lurigancho).
Estas tres denuncias de violencia sexual dentro de las escuelas se conocieron a través de los medios de comunicación en menos de un mes. Pero no son las únicas.
Entre el 2013 y en lo que va del 2017, un total de 1.850 escolares han denunciado haber sido víctimas de este tipo de abusos, ya sea violación, tocamientos indebidos, acosos y comentarios de connotación sexual. Así lo registra el Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (SíseVe), del Ministerio de Educación (Minedu).
Lo que alarma es que el 68% de estos casos reportados (1.276) han sido cometidos por personal del centro educativo (docentes, trabajadores administrativos o directores). El resto (574) se ha dado entre los escolares.
Pero ¿qué pasa con los trabajadores involucrados en estas denuncias? Para citar un periodo, solo entre abril y setiembre de este año, 127 presuntos agresores fueron separados preventivamente de la escuela. En estos casos, las familias de las víctimas esperan que las investigaciones no se detengan.
"Hay un subregistro. No todas las Ugel (Unidades de Gestión Educativa) y escuelas registran esa información, así que hacemos un trabajo de seguimiento", señala Inés Lazarte, coordinadora de Convivencia Escolar de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu.
En relación a las denuncias presentadas al inicio, el sector informó que en octubre inició un proceso disciplinario contra Jessica Sierra y la separó preventivamente del cargo. Hace dos semanas, la docente ya no laboraba en un colegio, sino en la Ugel del distrito. Mientras que en Huánuco se detectó que hasta el mes pasado uno de los maestro implicados seguía trabajando en la institución. Tras ello, el Minedu envió a una comisión integrada por un psicólogo, un abogado y un docente para trabajar con las víctimas, los padres, las autoridades y la comunidad.
El proceso sancionador
La separación preventiva, como lo dice su nombre, no implica necesariamente la destitución del acusado.
Una vez que se hace la acusación, el Minedu tiene que garantizar la atención (médica y psicológica) del estudiante y comunicarle el hecho a su familia. Esta última –o el director– deberá realizar la denuncia ante la Fiscalía o comisaría dentro de las 24 horas de conocido el hecho. En ese mismo periodo, el director también deberá remitir el caso a la Ugel, que abrirá un proceso administrativo. Mientras esto ocurra, el acusado no deberá realizar labores en el colegio.
Principales dificultades
Uno de los problemas, según el movimiento feminista Manuela Ramos, es que los denunciados por abuso sexual no son detenidos, sino solo retirados de la institución. "A veces, incluso, los mantienen en el colegio o los envían a una labor administrativa. Entonces, no se resuelve el problema. Muchas veces solo se los cambia de colegio o reciben el respaldo de las autoridades", comenta Patricia Carrillo, coordinadora del Programa Sexualidad y Autonomía Física de dicho movimiento, el cual trabaja temas de educación sexual con 16 colegios públicos de Ayacucho, Ucayali y Lima.
En esa línea, la Defensoría del Pueblo considera importante reforzar la labor de la Dirección Regional de Educación (DRE), la cual debe adoptar lineamientos para que las Ugel coordinen con los directores de escuelas y así detectar más casos. "Hay que capacitar a los directores para que acompañen a las Ugel. El nivel de violencia es preocupante", señala la adjunta de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña, quien alerta sobre los casos aún ocultos en las zonas más alejadas. Precisamente ellos, en una visita itinerante, detectaron lo ocurrido en Huánuco.
Resalta, además, le necesidad de que la víctima reciba acompañamiento psicológico y que el agresor no esté libre. "Entre los docentes y escolares existe un perfil de dominación, de autoridad. El maestro se aprovecha de eso cuando, en su lugar, debería protegerlos de manera especial", dice Cobeña, quien recuerda: "la escuela es el espacio donde pasan más tiempo los niños".
Se requiere más equipos técnicos y nuevo registro
A mediados del año, el Minedu y el Poder Judicial firmaron un convenio para implementar un registro de agresores, cuyo lanzamiento aún está pendiente.
Según el sector, entre las acciones para combatir la violencia está la implementación de la web SíseVe (www.siseve.pe), en la que los afectados pueden reportar casos. A nivel preventivo, realiza sesiones en horas de tutoría y brinda asistencia técnica en las DRE y UGEL. "El 2018 se van a disponer abogados para reforzar las comisiones de procesos administrativos".
La Defensoría exhorta a implementar los equipos de convivencia escolar (de la denominada ley Antibullying). "Ante la ausencia de especialistas, como psicólogos, se debería acudir a centros de salud". El Minedu reforzará su gestión.
El sector asegura que aplica el proceso administrativo dispuesto por la Ley de Reforma Magisterial y Servir.
Los violadores de menores entre 10 y 14 años reciben de 30 a 35 años de cárcel. Si la víctima tiene de 14 a 17, es entre 12 y 18 años. Es un agravante que el agresor tenga un cargo que le dé autoridad.
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